La Justicia argentina dio un paso decisivo en la ejecución de la condena contra Lázaro Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como la "Ruta del Dinero K". El Tribunal Oral Federal N°4, presidido por el juez Néstor Costabel, ordenó el decomiso y remate de más de 50 propiedades y activos por más de 4 millones de dólares, con el objetivo de recuperar fondos provenientes de maniobras de lavado de dinero vinculadas a la obra pública.

Entre los bienes decomisados se encuentran lotes, casas, departamentos, estancias y vehículos, distribuidos principalmente en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y Chubut. Además, se dispuso la transferencia y repatriación de sumas de dinero depositadas en cuentas en Bahamas y Suiza, que serán adjudicadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El monto total lavado por Báez asciende a 55 millones de dólares, y la Justicia impuso multas que triplican esa cifra.

El proceso de ejecución incluye el remate de propiedades y activos embargados, como aviones y maquinaria vial, y la cooperación internacional para repatriar fondos desde el extranjero. Báez y otros condenados deben reunir 55 millones de dólares, o la Justicia avanzará con el remate de bienes para cubrir el daño al erario público.

La causa "Ruta del Dinero K" se inició en 2013 tras revelaciones periodísticas y se fortaleció en 2016 con pruebas audiovisuales que mostraron movimientos financieros millonarios. Austral Construcciones, empresa de Báez, fue clave en el esquema de lavado vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. El decomiso se suma a otras causas, como la quiebra de Austral Construcciones y la causa Vialidad, donde también se busca recuperar fondos.

La defensa de Báez argumentó que los decomisos debían ser competencia de un solo tribunal, pero los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron, señalando que se unificaron las penas pero no los decomisos. Báez declaró ante los jueces que no tiene otros bienes disponibles, ya que están embargados, y que está inhabilitado para operar cuentas bancarias. Por su parte, el gobierno de Santa Cruz ofertó comprar parte de los bienes para reconvertirlos en actividades productivas. Se espera que la defensa de Cristina Kirchner presente objeciones al decomiso en la causa Vialidad, mientras la Justicia avanza en la recuperación de activos producto de la corrupción.