La provincia de Santa Cruz se encuentra en el centro de la atención nacional tras la decisión de subastar los bienes embargados de Austral Construcciones, la empresa fundada por Lázaro Báez y protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en la obra pública argentina. El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28, bajo la subrogancia del juez Jorge Sícoli, fijó para el 25 de septiembre la subasta de maquinaria, vehículos y predios, entre ellos el obrador principal ubicado sobre la Ruta Nacional 3 en Río Gallegos.

El gobierno provincial, encabezado por Claudio Vidal, formalizó una oferta de dos millones de dólares para adquirir el obrador central, a través de la empresa estatal "Santa Cruz Puede SAU". La propuesta, presentada ante la justicia, busca reconvertir el predio en un polo de actividades productivas, con proyectos que incluyen un aserradero móvil, una fábrica de calzado industrial, una planta de alimentos balanceados y una unidad avícola. El predio, abandonado desde 2016, es considerado estratégico por su ubicación y dimensiones, y la oferta incluye el pago de impuestos y la asunción de responsabilidades sobre la documentación y bienes remanentes.

Austral Construcciones, que acumuló 51 contratos de obra pública entre 2003 y 2015, fue declarada en quiebra en 2017 tras investigaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y administración fraudulenta. En diciembre de 2022, Lázaro Báez y Cristina Kirchner, entre otros, fueron condenados en la causa Vialidad por irregularidades en la adjudicación de obras. El proceso de remate de activos ha continuado desde entonces, con ventas de campos, departamentos y vehículos en distintas provincias.

La subasta de septiembre incluye bienes deteriorados y maquinaria sin mantenimiento, que serán exhibidos a los interesados antes del remate. El gobierno de Santa Cruz depositó $256 millones como muestra de voluntad de compra, a la espera de la aprobación judicial. La iniciativa ha generado críticas de sectores opositores y medios locales, que advierten sobre la posible repetición de prácticas cuestionadas en la gestión de Vidal. Por su parte, el gobierno provincial sostiene que la adquisición representa una oportunidad para recuperar activos improductivos y fomentar el desarrollo productivo local.

El desenlace del proceso judicial y la aceptación de la oferta estatal podrían marcar un nuevo capítulo en la administración de bienes vinculados a la corrupción en la obra pública, con implicancias políticas y sociales para la provincia y el país.