Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), fue detenido este domingo en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, por orden de la justicia federal. La detención fue ejecutada por la Policía Federal Argentina tras una investigación que lo vinculó con delitos de apología del crimen, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y asociación criminal. La causa se originó a partir de declaraciones públicas realizadas por Jones Huala a comienzos de este año, durante la presentación de un libro de su autoría en Trevelin, Chubut, donde reivindicó acciones violentas atribuidas a la RAM y defendió la lucha armada como vía legítima de reclamo territorial.

El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, y el gobierno de Chubut impulsaron denuncias penales contra el referente mapuche. Bullrich comunicó la detención a través de sus redes sociales, afirmando: “La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”.

La investigación incluyó tareas de vigilancia sobre allegados a Jones Huala, lo que permitió ubicarlo en un domicilio de El Bolsón. Tras el operativo, quedó a disposición de la fiscalía federal de San Carlos de Bariloche. El caso se produce en un contexto de recientes incendios y tensiones en la Patagonia, que las autoridades atribuyen a sectores radicalizados vinculados a la RAM.

Jones Huala, de nacionalidad chileno-argentina, cuenta con antecedentes judiciales en ambos países. En Chile fue condenado en 2018 por un ataque incendiario y, tras cumplir parte de la condena, fue extraditado y liberado en 2023. Desde entonces, ha retomado actividades públicas y defendido la autodeterminación mapuche y la reivindicación de acciones directas, aunque niega ataques a personas o al entorno mapuche.

La detención ha generado repercusión política y social, reavivando el debate sobre la seguridad, la protesta social y los derechos de los pueblos originarios en la región. Las autoridades insisten en la necesidad de que la justicia actúe con firmeza, mientras sectores mapuches y de derechos humanos advierten sobre la criminalización de la protesta.