Intendentes de todo el país han intensificado en las últimas semanas sus reclamos al Gobierno Nacional por la presunta retención y falta de ejecución de fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles. Según denuncian, el ministro de Economía, Luis Caputo, no habría destinado más de $6 billones recaudados en 2025 y 2026 a obras viales ni a la reducción del precio de la nafta y el gasoil, tal como lo exige la legislación vigente.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 intendentes de distintas fuerzas políticas, presentó un documento ante el Ministerio de Economía y evalúa avanzar con una denuncia judicial por presunta malversación de caudales públicos. De acuerdo con la ley 23.966 y el decreto 976/2001, los fondos provenientes del impuesto a los combustibles deben destinarse en su mayoría a obras viales y, en menor medida, a obras ferroviarias. Sin embargo, los intendentes aseguran que solo una fracción de lo recaudado fue transferida a Vialidad Nacional, mientras que el resto habría sido utilizado para otros fines, como la especulación financiera y el pago de bonos.

El reclamo se produce en un contexto de fuerte deterioro económico y social, especialmente en el conurbano bonaerense y otros grandes centros urbanos. La provincia de Buenos Aires registra desde fines de 2023 una caída del 4,4% en la actividad económica, el cierre de más de 5.800 empresas y un aumento de la desocupación y la pobreza. La coparticipación federal cayó un 11% en el primer trimestre de 2026, lo que, sumado al freno de transferencias por otros conceptos, agrava la situación financiera de municipios y provincias.

La demanda de ayuda social se duplicó en municipios como La Matanza, donde la asistencia alimentaria pasó de 80.000 a 160.000 familias. Intendentes y funcionarios advierten sobre el riesgo de una "implosión" social, aunque descartan por el momento un estallido similar al de 2001. "La situación es de asfixia, estamos asfixiados financieramente. Se caen los ingresos y a la vez sube el gasto social", resumió un intendente bonaerense.

Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, acusó al Gobierno de "robarse" los fondos y anticipó la presentación de una denuncia penal. "Es de afectación específica, no se puede dedicar a otra cosa esos fondos recaudados", afirmó. El Gobierno Nacional, por su parte, aún no ha dado una respuesta pública clara al reclamo de los intendentes.

El conflicto pone en evidencia la tensión entre los gobiernos locales y la administración central en un contexto de crisis económica, caída del consumo y aumento de la demanda social. La resolución del reclamo podría tener implicancias judiciales y políticas en los próximos meses.