El juicio oral por la denominada "Causa Cuadernos" comenzó esta semana en Buenos Aires, en lo que se considera el mayor proceso judicial por corrupción en la historia argentina. Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta, junto a 126 imputados entre ex funcionarios y empresarios, enfrenta cargos por asociación ilícita y cohecho pasivo en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. El proceso, que se desarrolla de manera virtual y será transmitido por YouTube, involucra la declaración de más de 600 testigos y se prevé que se extienda por al menos dos años.

La causa se originó a partir de los registros manuscritos del chofer Oscar Centeno, que documentan presuntos pagos de sobornos a funcionarios públicos por parte de empresarios del sector de la construcción y energía. La investigación, impulsada por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, derivó en la imputación de figuras centrales del kirchnerismo y del empresariado nacional. La Corte Suprema de Justicia rechazó recientemente más de veinte recursos presentados por la defensa de Kirchner y otros acusados, permitiendo el avance del juicio oral.

La acusación está a cargo de la fiscal Fabiana León y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se opone a acuerdos económicos con los empresarios imputados. Algunos empresarios buscan evitar el juicio oral ofreciendo reparaciones económicas que rondan los 40 millones de dólares. El fiscal federal Paul Starc, titular de la UIF, enfatizó la dificultad de recuperar el dinero ilícito y la necesidad de condena y decomiso de bienes.

El expediente cuenta con la confesión de 31 "arrepentidos", una cifra inédita en causas de corrupción en Argentina. La defensa de Kirchner, encabezada por Gregorio Dalbón, denuncia persecución política y supuestas irregularidades en la instrucción y en la prueba principal, los cuadernos de Centeno. Dalbón sostiene que el proceso es una "causa armada" y que la sentencia está predeterminada, mientras que el fiscal Starc subraya que "nadie escapa a la Justicia" y que el juicio debe ser un aprendizaje para la sociedad.

El debate público se polariza entre quienes consideran el juicio un avance en la lucha contra la corrupción y quienes lo ven como una persecución política. El desarrollo del proceso será seguido de cerca por la opinión pública y podría marcar un precedente en la justicia argentina.