El Gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2026, generando un amplio debate entre distintos sectores políticos, sociales y académicos. El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional que el presupuesto contempla aumentos en áreas sensibles como jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad, todos superiores a la inflación proyectada para el próximo año. Sin embargo, gremios, universidades y especialistas advierten que estos incrementos no compensan los recortes acumulados en años anteriores y que, en algunos casos, se eliminan garantías históricas de financiamiento.

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 30 del proyecto, que deroga la obligación legal de invertir al menos el 6% del PBI en educación, vigente desde 2006. Esta medida, junto con la eliminación de pisos mínimos para ciencia, tecnología y defensa, generó preocupación entre rectores universitarios, docentes y científicos, quienes consideran que se pone en riesgo el desarrollo estratégico del país. El presupuesto para universidades nacionales, fijado en 4,8 billones de pesos, es considerado insuficiente por el sector, que reclama al menos 7,3 billones para garantizar el funcionamiento normal.

En el área de salud, el ministro bonaerense Nicolás Kreplak advirtió que el aumento del 17% en el presupuesto sanitario es insuficiente tras dos años de recortes, cierre de servicios y debilitamiento del sistema. En cuanto a pensiones por discapacidad, el incremento anunciado se da en el contexto de una reducción significativa de beneficiarios, lo que genera dudas sobre el impacto real en la población vulnerable.

El presupuesto también prevé un aumento del 6,7% en el gasto social total respecto a 2025, pero los informes de organizaciones civiles señalan que la caída acumulada entre 2023 y 2026 alcanza el 15,9%. Además, las transferencias automáticas a provincias subirían 6,5% en términos reales, aunque continúan por debajo de los niveles históricos, lo que mantiene la tensión entre el Ejecutivo y los gobernadores.

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas proyecta un déficit financiero de $120.654,5 millones para 2026, atribuido a inversiones de USD 400 millones en reparación de motores y mejoras operativas, todas financiadas con fondos propios y sin aportes del Tesoro. La empresa destaca que, por tercer año consecutivo, alcanzará un superávit operativo, resultado de una política de reducción de costos y optimización de recursos.

El debate sobre el Presupuesto 2026 se traslada ahora al Congreso, donde se espera una discusión intensa y movilizaciones sociales en defensa de áreas consideradas estratégicas. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y la estabilidad, sectores opositores y organizaciones sociales denuncian que el proyecto consolida el ajuste y pone en riesgo derechos fundamentales.