El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) desvinculó a la jefa de la oficina de El Bolsón, María Eugenia Alonso, y suspendió por 29 días a los empleados que participaron en el cierre de la sede el pasado 18 de junio. La decisión se tomó luego de que la dependencia permaneciera cerrada en coincidencia con una marcha nacional en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la confirmación de su condena judicial.

Según informaron fuentes oficiales, la medida afectó a más de 3.700 afiliados, en su mayoría adultos mayores, que no pudieron acceder a la atención habitual y debieron regresar al día siguiente. El organismo justificó las sanciones en el marco de una política de transparencia y responsabilidad, subrayando que no se tolerará el uso político-partidario de los recursos públicos ni el abandono de funciones en la administración pública. “Las oficinas públicas deben ser un espacio de servicio, que atienda a las necesidades de todos, y no trincheras ideológicas que defiendan intereses partidarios”, señalaron desde la entidad.

El cierre de la oficina fue impulsado por el gremio ATE, que convocó a un paro nacional en defensa de la democracia y para exigir el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Sin embargo, auditorías internas y testimonios de vecinos contradicen la versión sindical de que se garantizó una guardia mínima para urgencias. Una vecina relató que llegó junto a su madre de 89 años y encontró las puertas cerradas, sin personal que los atendiera.

La diputada libertaria Lorena Villaverde celebró la decisión de PAMI y afirmó: “Con los jubilados no se juega. Se puso un límite frente a la militancia kirchnerista que quiso imponerse por encima de las necesidades de los abuelos”. Por su parte, representantes de ATE denunciaron que la situación fue utilizada políticamente por sectores afines al gobierno nacional y defendieron la legitimidad de la medida de fuerza.

El caso reavivó el debate sobre el uso de recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios en la atención de servicios esenciales, especialmente para sectores vulnerables. PAMI aseguró que la oficina de El Bolsón continúa funcionando con normalidad y que se mantendrán las auditorías para evitar situaciones similares en el futuro.