La droguería Suizo Argentina, uno de los principales proveedores de insumos médicos del país, se encuentra en el centro de una controversia judicial y política tras reclamar al Estado una deuda cercana a $4000 millones. El reclamo surge luego de que la empresa ganara una licitación millonaria en marzo de 2025 para la distribución y almacenamiento de medicamentos y vacunas, en medio de una investigación por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La deuda, formalizada mediante una nota al Ministerio de Salud, está asociada a la licitación 80-0036-LPU24, por un total de $78.267 millones, en la que Suizo Argentina y Andreani resultaron adjudicatarios. Según fuentes oficiales, "todavía no se pagó nada porque el contrato es reciente. Están reclamando unas facturas que se habían presentado unos días antes que se conozcan los audios", explicaron desde el Ministerio de Salud.

El escándalo se agravó con la filtración de audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, lo que derivó en una investigación judicial que incluyó 14 allanamientos simultáneos en la droguería, la agencia y domicilios vinculados. En estos operativos, ordenados por el juez Casanello, se secuestraron aproximadamente USD 266.000 y $7 millones en efectivo. La fiscalía sostiene que parte de los fondos de contratos públicos habría terminado en manos de operadores políticos, incluyendo a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

El impacto del caso se extiende a la provincia de Buenos Aires, donde Suizo Argentina mantiene contratos millonarios con el gobierno de Axel Kicillof, incluso en medio de auditorías y cuestionamientos por irregularidades en las ofertas. Documentos oficiales muestran que la empresa logró sostener y ampliar sus negocios, con actualizaciones de precios y adjudicaciones en licitaciones públicas, pese a las investigaciones en curso.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Legislatura aprobó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle todos los contratos firmados con Suizo Argentina desde 2023, en respuesta a las revelaciones sobre la magnitud de las contrataciones y la necesidad de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos. "Dada la magnitud y sensibilidad de las contrataciones relacionadas con la salud pública, resulta de especial relevancia conocer en detalle la relación contractual de dicha empresa con el Gobierno de la Ciudad", señala la resolución legislativa.

El caso pone en evidencia la compleja relación entre el Estado y los proveedores de insumos médicos, en un contexto de escasez de medicamentos y creciente demanda de transparencia. Las investigaciones judiciales continúan, mientras distintos actores políticos y sociales exigen claridad y responsabilidad en la gestión de fondos públicos destinados a la salud.