El brutal asesinato de César Darío Rodas, un artista callejero de 41 años, ha sacudido a la provincia de Mendoza. El crimen ocurrió el 18 de junio en una vivienda de Dorrego, Guaymallén, donde Rodas alquilaba una habitación. Según la investigación, fue sometido a torturas durante varias horas, descuartizado y parte de su cuerpo fue calcinado en una parrilla del patio. El caso salió a la luz cuando un familiar de la principal acusada, Adriana Suárez, denunció haber recibido imágenes del cuerpo por WhatsApp.

La fiscal Andrea Lazo imputó a Suárez, quien cumplía prisión domiciliaria por robo agravado, y a su pareja Marcelo Altamirano por homicidio agravado por ensañamiento, delito que prevé prisión perpetua. Un tercer implicado, Ángel Quiroz, fue acusado como partícipe necesario. Las pericias médicas descartaron la hipótesis inicial de abuso sexual, que Suárez había intentado utilizar como justificación del crimen.

Durante el operativo policial, se constató que cinco menores, hijas de Suárez, vivían en la casa y presenciaron el hecho. Las niñas fueron asistidas y quedaron bajo custodia estatal. El caso ha puesto en evidencia graves fallas en el sistema de control de prisiones domiciliarias, ya que Suárez violó reiteradamente la medida sin que el dispositivo electrónico lo reportara a tiempo. Además, se reveló una situación de abandono y vulnerabilidad de las menores, que no asistían regularmente a la escuela y carecían de protección adecuada.

Familiares y amigos de Rodas han rechazado la versión de abuso y lo describen como una persona solidaria y trabajadora. La familia enfrenta dificultades económicas para afrontar los gastos del sepelio, lo que motivó una colecta solidaria. El crimen ha generado conmoción e indignación en la sociedad mendocina, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para llevar a juicio a los imputados. El caso deja al descubierto la necesidad de revisar los mecanismos de protección de menores y el control de medidas alternativas a la prisión.