La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra ante la decisión final sobre la extradición de Federico “Fred” Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. El expediente, que fue devuelto recientemente al máximo tribunal tras la confirmación de las autoridades estadounidenses de que el pedido sigue vigente, ha puesto en el centro de la escena política argentina a figuras de alto perfil y ha generado tensiones dentro del gobierno nacional.

Machado, empresario argentino con antecedentes de relaciones comerciales con operadores del Cártel de Sinaloa, permanece bajo arresto domiciliario en Viedma desde abril de 2021, cuando fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria a pedido de la justicia estadounidense. La justicia federal de Neuquén y el procurador general Eduardo Casal ya declararon procedente la extradición, pero la defensa de Machado, encabezada por Francisco Oneto —también abogado personal del presidente Javier Milei—, ha presentado numerosos recursos para demorar el proceso.

El caso cobró mayor notoriedad tras la confirmación de que José Luis Espert, candidato a diputado nacional, recibió una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta vinculada a Machado. Espert admitió el cobro y explicó que correspondía a trabajos realizados para una minera guatemalteca ligada al empresario. A pesar del impacto político, el presidente Milei ratificó la candidatura de Espert.

Documentos judiciales y testimonios en Guatemala y Honduras vinculan a Machado con operaciones de tráfico de cocaína y lavado de dinero, utilizando aviones y empresas de su propiedad. Además, se han reportado intentos de lobby y presiones políticas para evitar la extradición, incluyendo gestiones de exfuncionarios y vínculos con actuales miembros del gobierno.

La decisión final sobre la extradición recae en el Poder Ejecutivo, que puede rechazarla por razones de soberanía, seguridad nacional u otros intereses esenciales para la Argentina. El desenlace del caso podría tener implicancias significativas para la política y la justicia argentina, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia y la influencia de intereses privados en el ámbito público.