El Congreso argentino se encuentra en el centro de un intenso debate tras el veto presidencial a la ley que proponía eliminar la discrecionalidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos, destinados originalmente a emergencias provinciales, han sido utilizados históricamente como herramienta política por el Ejecutivo nacional. La reciente transferencia de $12.500 millones a las provincias de Santa Fe, Misiones, Entre Ríos y Chaco por parte del presidente Javier Milei generó tensiones entre los gobernadores y reavivó la discusión sobre la equidad y transparencia en la distribución de recursos.

La ley vetada, que buscaba establecer un mecanismo automático y diario para el reparto de los ATN, fue aprobada en el Senado con 56 votos afirmativos y solo uno negativo, reflejando un amplio consenso entre los mandatarios provinciales. Sin embargo, el veto presidencial devolvió el proyecto al Congreso, donde la oposición se prepara para insistir con la norma en una sesión prevista para el 18 de septiembre. En la Cámara de Diputados, el escenario es más complejo, ya que el proyecto no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir el veto, aunque sí obtuvo una mayoría significativa.

La transferencia de fondos a cuatro provincias clave puso en el centro de la escena a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). La decisión generó malestar en otros mandatarios, como Alfredo Cornejo (Mendoza), quien expresó públicamente su descontento por quedar fuera del reparto. "Somos aliados, acompañamos al gobierno pero Milei no nos da un mango", replicó una diputada mendocina en los pasillos del Congreso.

El debate sobre los ATN se da en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y los gobiernos provinciales, marcado por recientes derrotas parlamentarias para Milei y movilizaciones sociales en defensa de la salud y la educación pública. El reparto discrecional de los ATN ha sido criticado por su falta de reglas claras y su uso como herramienta de negociación política. La ley de coparticipación vigente, sancionada en 1988, nunca fue actualizada, lo que ha generado desigualdades entre provincias y una dependencia crónica de los giros nacionales.

En este escenario, los legisladores alineados con los gobernadores beneficiados por los ATN podrían definir el resultado de la votación, mientras el oficialismo busca negociar con una posición debilitada. El gobernador correntino Gustavo Valdés expresó su frustración por el trato recibido en Buenos Aires: "Estoy cansado de irme a Buenos Aires y que me atiendan funcionarios de tercera línea". El debate podría sentar un precedente para futuras reformas fiscales federales, orientadas a ordenar responsabilidades y asegurar la correspondencia fiscal entre Nación y provincias.