El escándalo por la muerte de 96 pacientes tras la administración de fentanilo contaminado ha puesto en jaque al sistema sanitario argentino y a la industria farmacéutica. La investigación judicial, encabezada por el juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, se centra en los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, cuyo dueño, Ariel García Furfaro, fue detenido junto a familiares y directivos.

La causa se inició tras la denuncia de un brote de infecciones intrahospitalarias en el Hospital Italiano de La Plata. Estudios del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias encontradas en los pacientes coincidían genómicamente con las halladas en las ampollas de fentanilo incautadas en los laboratorios. Las pruebas incluyen chats internos entre empleados, donde se revela la manipulación de registros, el uso de insumos vencidos y la simulación de documentación para evitar sanciones regulatorias. Además, se documentaron graves fallas edilicias y falta de controles efectivos en la planta elaboradora, como la presencia de palomas y arañas, y la caída de muros.

Durante su declaración, García Furfaro no solicitó su excarcelación y afirmó: "Prefiero estar acá. Necesito que se investigue todo". El empresario sugirió la hipótesis de un sabotaje y deslindó responsabilidades en sus empleados y exsocios, mientras defendía la calidad técnica de su personal. Su abogado, Gastón Marano, argumentó que Furfaro se dedicaba a cuestiones comerciales y no técnicas, y que los fallos requerían un nivel de sofisticación que no le correspondía.

La investigación también apunta a la posible connivencia de organismos estatales, ya que se detectaron avisos previos de inspecciones y deficiencias en los controles de la ANMAT. El Ministerio de Salud de la Nación dejó de ser querellante en la causa, ante sospechas de omisión o complicidad. La fiscalía sostiene que existió una "conducta deliberada de grave incumplimiento a la normativa vigente, sistemática y reiterada", y que los responsables asumieron conscientemente los riesgos para la salud pública.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político, con el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich destacando la detención de los responsables. La investigación continúa, incluyendo la posible responsabilidad penal de funcionarios públicos, mientras la sociedad exige respuestas y garantías sobre la seguridad de los medicamentos en el país.