La Cámara de Diputados se prepara para una sesión decisiva el próximo 20 de agosto, en la que la oposición intentará revertir varios vetos presidenciales y aprobar proyectos que modificarían la distribución de fondos nacionales entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El temario incluye iniciativas sobre jubilaciones, discapacidad, ayuda a Bahía Blanca y la comisión investigadora de la causa $LIBRA, además de propuestas impulsadas por gobernadores para aumentar la coparticipación automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

La oposición, respaldada por 35 diputados de cuatro bloques, busca alcanzar los dos tercios necesarios para revertir los vetos presidenciales. El cierre de listas electorales, previsto para este domingo, es un factor decisivo que podría otorgar mayor autonomía a los legisladores y modificar el escenario político. "Muchos se van a sentir liberados de votar como realmente quieren", señaló una diputada opositora, mientras que desde el oficialismo admiten que deberán trabajar "hasta el último minuto" para evitar una derrota.

Los proyectos en discusión proponen elevar la participación de las provincias y CABA en la recaudación del ICL del 25% actual al 58%, y distribuir automáticamente el 1% de los ATN según el esquema de coparticipación. Según estimaciones, el impacto fiscal para las provincias y CABA podría superar el billón de pesos, reduciendo los recursos discrecionales del Tesoro Nacional y otorgando mayor previsibilidad a las jurisdicciones. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza figuran entre las principales beneficiadas.

El oficialismo ha presentado contrapropuestas menos beneficiosas en términos de fondos, pero con mayor seguridad de aprobación, buscando dividir el apoyo de los gobernadores. El debate refleja la histórica tensión sobre la acumulación y distribución de la riqueza en Argentina, con la oposición defendiendo un rol más activo del Estado y el Gobierno priorizando la estabilidad macroeconómica y la reducción del gasto público.

La sesión se realizará en simultáneo con la tradicional marcha de jubilados, lo que añade presión política y social al debate. El resultado de la votación podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, y definir el modelo de distribución de recursos en el país para los próximos años.