Jubilados y discapacidad: Villarruel inició el trámite de los proyectos sancionados por el Senado que Milei anunció que vetará
• El Gobierno de Milei vetará las leyes de aumento jubilatorio, moratoria y emergencia en discapacidad aprobadas en el Senado. • El Congreso podría insistir y judicializar el tema. • El costo fiscal es bajo, pero el debate político sigue abierto.


El Senado de la Nación aprobó recientemente tres proyectos de alto impacto social: un aumento general para jubilaciones y pensiones, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta 2027. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei ya anticipó que vetará estas leyes, argumentando que comprometen el equilibrio fiscal y podrían generar presiones inflacionarias.
Según fuentes oficiales, el trámite legislativo sigue su curso: los proyectos fueron enviados a la Cámara de Diputados y, tras la firma de su presidente, serán remitidos al Poder Ejecutivo. A partir de ese momento, el Gobierno contará con diez días hábiles para ejercer el veto. "Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso las va a vetar", declaró un funcionario nacional, justificando la decisión en la necesidad de mantener la disciplina fiscal.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la moratoria previsional representa apenas el 0,084% del PBI en el primer año, mientras que la emergencia en discapacidad implicaría entre el 0,22% y el 0,24% del PBI. A pesar de estos porcentajes relativamente bajos, el Ejecutivo insiste en que cualquier gasto adicional pone en riesgo la estabilidad económica.
Desde la oposición, la senadora Carolina Moisés aseguró que, de concretarse el veto, el Congreso insistirá en la aprobación de las leyes. "Estas tres leyes han sido sancionadas cumpliendo todo el proceso dentro del Congreso Nacional", afirmó, subrayando la importancia de las medidas para los sectores más vulnerables. Organizaciones sociales y sindicales también manifestaron su apoyo a las iniciativas y anticiparon movilizaciones en caso de que el Gobierno avance con el veto.
En paralelo, los gobernadores buscan separar la discusión de sus propios proyectos fiscales del debate sobre el veto presidencial, en un contexto de tensiones políticas y negociaciones abiertas. El desenlace de este conflicto podría marcar el rumbo de la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y las provincias en los próximos meses.
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