El Gobierno argentino ha iniciado un proceso de auditoría para recuperar o justificar $33.000 millones en subsidios no rendidos por universidades e instituciones científicas. Según la Resolución N° 10/2025, publicada en el Boletín Oficial, 672 instituciones tienen hasta el 30 de junio de 2025 para regularizar su situación o devolver los fondos, incluyendo intereses si corresponde. Entre las instituciones más implicadas se encuentran la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con $902 millones, y la Universidad de Buenos Aires (UBA), con $896 millones.

La medida, impulsada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, liderada por Darío Genua, forma parte de una política de racionalización del gasto público implementada por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023. Genua declaró: "Rinden o la devuelven", subrayando que no habrá prórrogas para el plazo establecido.

El proceso de auditoría también ha revelado que muchas instituciones mantenían los fondos en colocaciones financieras, lo que, según el Gobierno, representa una desviación del fin público original. Además, se han dado de baja convenios vencidos y se han eliminado programas considerados ineficientes, como el Programa de Subsidios Institucionales, lo que generará un ahorro adicional de $491 millones.

La medida ha generado críticas en el ámbito académico. Investigadores han señalado que la falta de financiamiento afecta gravemente sus actividades, obligándolos a cubrir gastos básicos de sus propios bolsillos. Norberto Zwirner, investigador del Conicet, afirmó que el 75% de los grupos de investigación en su instituto carecen de financiamiento.

El conflicto entre el Gobierno y las universidades no es nuevo. Desde que asumió la presidencia, Milei ha tenido enfrentamientos públicos con instituciones como la UBA, acusándolas de mal manejo de fondos. Estas tensiones han llevado a movilizaciones y clases públicas en protesta por lo que se percibe como una intromisión gubernamental.

El Gobierno, por su parte, defiende la medida como un paso necesario hacia la transparencia y la eficiencia presupuestaria. "La unificación del tratamiento de todos los programas permitirá trazar una línea de acción única para el ordenamiento contable", sostienen desde la Casa Rosada.

Con el plazo límite acercándose, el debate sobre el manejo de los fondos públicos en el ámbito científico y académico sigue siendo un tema central en la agenda política argentina.