El gobierno de Santa Fe anunció este lunes la intervención de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario tras descubrir un esquema de malversación de fondos destinados al combustible de patrulleros. La investigación, que se extendió por 10 meses, reveló un desvío de 45 millones de pesos mensuales, lo que representa un grave perjuicio para la administración pública.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, junto con los fiscales José Luis Caterina y Matías Merlo, brindaron detalles del caso en una conferencia de prensa. Según explicaron, la maniobra consistía en la sobrefacturación de combustible mediante el uso indebido de tarjetas Visa Flota, en complicidad con una estación de servicio. Durante los allanamientos, se confiscaron 300 de estas tarjetas y un posnet perteneciente a la estación involucrada.

Como resultado de la investigación, 17 personas fueron detenidas, entre ellas 13 policías y 4 civiles. Aunque el jefe y el subjefe de la Unidad Regional II no fueron arrestados, ambos fueron desplazados de sus cargos. El comisario retirado Claudio Romano asumirá como interventor por un período inicial de 90 días, con posibilidad de extensión.

Cococcioni subrayó la gravedad del caso, destacando que "no vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con la seguridad pública". Además, anunció una auditoría integral para revisar los controles administrativos y logísticos, especialmente en el área de combustible.

El fiscal Caterina señaló que la investigación comenzó con una denuncia anónima y que las pruebas incluyen intervenciones telefónicas y medidas de inteligencia, como la instalación de GPS en los móviles policiales. "Estamos hablando de una red organizada dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado", afirmó.

Este caso no es un hecho aislado en la provincia de Santa Fe, donde se han registrado antecedentes similares en la última década. La corrupción en el manejo de recursos policiales ha llevado a condenas previas de altos mandos por enriquecimiento ilícito y desvío de fondos.

El gobierno provincial reafirmó su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción institucional. "Debemos garantizar que cada peso destinado a la seguridad sea utilizado para ese fin y no desviado de su objetivo", concluyó Cococcioni.

La fecha de la audiencia para los acusados aún no ha sido determinada, y la investigación sigue en curso.