El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha presentado un ambicioso proyecto de reforma tributaria que busca modificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según el ministro de Economía, Luis Caputo, la propuesta consiste en dividir el IVA entre Nación y provincias, con el objetivo de fomentar la competencia fiscal entre estas últimas.

Actualmente, el IVA tiene una alícuota general del 21%, de la cual el 46% se destina a la Nación y el 54% a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la reforma, la Nación retendría un 9% del total, mientras que las provincias establecerían su propia alícuota, permitiendo que cada jurisdicción ajuste su carga impositiva según sus necesidades y prioridades.

"La mejor forma de incentivar a las provincias es mediante la competencia. Algunas podrán decidir bajar sus impuestos para atraer más empresas e inversiones", explicó Caputo en una entrevista reciente. Además, destacó que esta medida busca reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, que representan una parte significativa de la recaudación provincial.

Sin embargo, la propuesta ha generado controversia. Gobernadores y expertos han expresado preocupaciones sobre la viabilidad constitucional de la reforma y su impacto en la coparticipación federal. "Cualquier modificación del esquema de coparticipación requiere un acuerdo federal con la aprobación de las 24 legislaturas provinciales y del Congreso", señaló el economista Martín Kalos.

Por otro lado, algunos analistas advierten que la nueva alícuota podría superar el 30%, lo que podría afectar negativamente el consumo y la recaudación. "El riesgo es que terminemos con un mapa impositivo tan desigual como el que ya tenemos con Ingresos Brutos", comentó el tributarista César Litvin.

A pesar de las críticas, el Gobierno defiende la reforma como un paso hacia un sistema tributario más eficiente y competitivo. "Hoy tenemos más de 160 impuestos, pero 10 concentran casi toda la recaudación. Hay que limpiar esa estructura", afirmó Caputo.

La implementación de la reforma dependerá de las condiciones políticas y de su aprobación en el Congreso. Mientras tanto, el debate continúa, con gobernadores y economistas analizando los posibles impactos de esta medida en la economía y en la relación fiscal entre Nación y provincias.