Un escándalo de corrupción ha sacudido al PAMI, la obra social de los jubilados, con denuncias que involucran a funcionarios de La Libertad Avanza (LLA). Viviana Aguirre, exfuncionaria del organismo y diputada suplente de LLA, presentó acusaciones graves contra Sebastián Pareja y Juan Osaba, señalándolos como responsables de actos de corrupción que incluyen pedidos de coimas, sobreprecios y desvíos de fondos públicos.

Aguirre, quien asegura tener pruebas como grabaciones y documentos, afirmó que fue cesanteada por negarse a participar en estas prácticas corruptas. Según su testimonio, los pedidos de retornos salariales y la venta de candidaturas eran comunes dentro del organismo. "Creía en el cambio que proponía Javier Milei, pero todo se volvió una corrupción plena", declaró Aguirre, quien también denunció amenazas tras presentar su caso ante la Justicia.

El escándalo no se limita a La Plata, donde Aguirre desempeñaba su cargo. En provincias como Chaco y Misiones, la Justicia Federal ha iniciado investigaciones por posibles delitos de extorsión y desvío de fondos. En Chaco, el fiscal Patricio Sabadini investiga si empleados de PAMI y ANSES fueron obligados a entregar parte de sus salarios bajo amenaza de perder sus empleos. En Misiones, dirigentes locales de LLA enfrentan denuncias por retener el 10% de los sueldos de funcionarios para financiar actividades partidarias.

El PAMI, por su parte, anunció auditorías internas para desmantelar "mafias internas" y sancionar irregularidades. En un comunicado, el organismo aseguró que no tolerará que "el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley".

Este caso también ha expuesto tensiones internas en LLA, con disputas por el control de recursos y cargos. Mientras algunos dirigentes niegan las acusaciones, calificándolas como "aportes voluntarios", la oposición política ha utilizado este escándalo para criticar la gestión de LLA y exigir mayor transparencia.

El impacto de estas denuncias trasciende lo judicial, generando un debate nacional sobre la ética en la política y poniendo en duda el compromiso de LLA con los principios de transparencia y lucha contra la corrupción que prometieron al llegar al poder. La Justicia continúa recopilando pruebas y testimonios, mientras el caso sigue en desarrollo.