La familia de Ian Moche, un niño autista de 12 años y reconocido activista por los derechos de las personas neurodivergentes, presentó una demanda judicial contra el presidente Javier Milei. El conflicto se originó tras un posteo realizado por el mandatario en la red social X (ex Twitter) el 1 de junio, en el que replicó un mensaje que acusaba a Ian y a su familia de ser utilizados políticamente, acompañando imágenes del menor junto a figuras del peronismo y el periodista Paulino Rodríguez.

La publicación, que fue acompañada por comentarios despectivos hacia el periodista y referencias a la supuesta utilización política de Ian, generó una ola de hostigamiento en redes sociales. Según la familia, tras el posteo presidencial, se viralizaron mensajes de odio y se difundieron datos personales del niño y su familia, incluyendo la dirección de su casa y la escuela a la que asiste. La madre de Ian, Marlene Spesso, denunció públicamente el hostigamiento y solicitó que el presidente elimine la publicación, pedido que no fue atendido.

La demanda, presentada en el Juzgado Federal N°4 de La Plata y patrocinada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, sostiene que el reposteo presidencial violó la Convención sobre los derechos del niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional. El texto judicial, redactado desde la voz de Ian, detalla su diagnóstico, su historia de activismo y el impacto negativo que tuvo la publicación en su vida cotidiana.

Ian y su familia insisten en que no tienen afiliación política y que su activismo se centra en la concientización sobre el autismo y las neurodivergencias. El caso se da en un contexto de creciente debate sobre los derechos de las personas con discapacidad y el uso de las redes sociales por parte de funcionarios públicos. La comunidad autista, expertos en salud mental y numerosos usuarios de redes sociales expresaron su respaldo a Ian y su familia, repudiando la exposición de un menor en un conflicto político.

La familia solicita que la Justicia ordene al presidente eliminar la publicación y se abstenga de realizar acciones similares en el futuro, argumentando que la conducta presidencial amplificó el daño y legitimó el contenido ofensivo. El caso podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en el uso de redes sociales y la protección de los derechos de la infancia y la discapacidad.