El Poder Judicial argentino enfrenta un nuevo frente de conflicto ante la posibilidad de una reforma previsional que modificaría el régimen especial de jubilaciones. Este proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca cumplir con exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y podría generar un impacto significativo en el sistema judicial.

La propuesta, aún en etapa de borrador, contempla elevar la edad jubilatoria de los magistrados a 70 años y eliminar el régimen especial que garantiza el 82% móvil. Aunque todavía no ha sido enviada al Congreso, la información ya ha generado alarma en el ámbito judicial. Según fuentes, más de 35 magistrados han iniciado trámites de jubilación anticipada en las últimas semanas, provenientes de fueros como el Comercial, Laboral, Criminal y la Corte Suprema.

El contexto no es nuevo. En 2020, una reforma similar aumentó la edad jubilatoria de 60 a 65 años y elevó el aporte mensual del 12% al 18%. Estas modificaciones generaron tensiones y llevaron a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales (AMFJN) a litigar con éxito contra varios aspectos de la reforma, logrando fallos favorables en casos relacionados con la gradualidad y los requisitos de edad.

El proyecto actual responde a compromisos asumidos con el FMI para extender el acuerdo multilateral. Sin embargo, su implementación podría agravar el déficit de vacantes en el sistema judicial, que ya alcanza el 40%. Se estima que un 25% del personal en condiciones de jubilarse podría renunciar si se aprueba la reforma, lo que configuraría un cuadro de emergencia.

La Corte Suprema también ha tenido un rol relevante en este contexto. En un fallo reciente, dejó firme una sentencia que declaró inconstitucional un artículo de la Ley 24.018, modificado por la Ley 27.546, relacionado con los requisitos de edad para acceder a la jubilación. Este antecedente podría influir en la implementación de la nueva reforma.

Desde el Congreso, se advierte que la propuesta podría ser enviada después de las elecciones, lo que aumenta la incertidumbre. Mientras tanto, los "radiopasillos" judiciales reflejan una creciente alarma, y la AMFJN se prepara para litigar nuevamente si el proyecto avanza.

El debate sobre esta reforma promete ser intenso, con implicaciones tanto para el sistema judicial como para el cumplimiento de compromisos internacionales. La situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre las necesidades internas del país y las exigencias externas del FMI.