La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra bajo la lupa judicial y social tras la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. Un informe de dominio confirmó que la propiedad está a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, aunque el cambio de titularidad aún no fue registrado en el municipio, lo que ha despertado sospechas sobre la transparencia de la operación.

La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juzgado federal de Ariel Lijo, busca determinar si existieron omisiones o inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni y si el origen de los fondos utilizados para la adquisición de la vivienda y otras propiedades se corresponde con sus ingresos declarados. Según trascendió, Adorni declaró ingresos mensuales que pasaron de $3.500.000 a $7.000.000, pero los gastos detectados por la Justicia superarían ampliamente esos montos. Además, se investiga la existencia de activos financieros y depósitos en el exterior, así como préstamos familiares que habrían facilitado la compra de un departamento en Caballito.

El caso cobró notoriedad pública tras la denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió sobre un incremento patrimonial del 500% en un año. La situación se agravó con la protesta organizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el ingreso al country, donde manifestantes denunciaron corrupción y recortes sociales. La protesta generó malestar entre los vecinos, quienes expresaron su preocupación por la exposición mediática y las remodelaciones costosas en la propiedad, estimadas en decenas de miles de dólares.

En respuesta a la tensión, Adorni intervino en el grupo de WhatsApp del barrio para tranquilizar a los residentes y prometió medidas para garantizar la seguridad. Mientras tanto, la Justicia continúa recabando información sobre los movimientos patrimoniales del funcionario, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia de los bienes de los funcionarios públicos. El caso refleja el clima de desconfianza y polarización que atraviesa la política argentina, con repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la vida cotidiana de los involucrados.