La causa por el desvío de fondos de planes sociales en Neuquén continúa generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como político. Tras las condenas dictadas en primera instancia contra 12 exfuncionarios y empleados públicos, el Gobierno provincial avanzó con la exoneración de cinco agentes involucrados, formalizando su desvinculación definitiva de la administración pública.

El gobernador Rolando Figueroa instruyó a la Fiscalía de Estado para apelar el fallo, buscando penas más severas y la aplicación de la figura de asociación ilícita, lo que podría agravar las condenas. "La maniobra generó un perjuicio económico para el Estado y afectó el orden público al comprometer recursos destinados a sectores vulnerables", sostuvo la querella institucional durante las audiencias de impugnación.

El tribunal que juzgó la causa determinó que el mecanismo de desvío de fondos tuvo como destino el financiamiento de campañas políticas del Movimiento Popular Neuquino (MPN), aunque no se avanzó sobre responsables de mayor jerarquía dentro del partido. El exgobernador Jorge Sobisch, referente del MPN, cuestionó públicamente la sentencia y pidió no responsabilizar a la institución partidaria por los delitos cometidos por individuos. "No condenemos al MPN por los delitos de algunas personas. Las instituciones no delinquen, delinquen las personas que las conducen. Busquemos a esas personas", expresó Sobisch en redes sociales.

Durante el juicio, la fiscalía planteó que la maniobra fue ejecutada entre 2020 y 2022 por una organización criminal con división de funciones, aunque el tribunal descartó la existencia de asociación ilícita y condenó por administración fraudulenta. Las penas impuestas alcanzan hasta cinco años de prisión efectiva para los principales responsables, entre ellos el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza.

El proceso judicial se encuentra en etapa de impugnaciones, con audiencias en curso y revisión de penas y absoluciones. El Tribunal de Impugnación deberá resolver en las próximas semanas si confirma, modifica o revoca las sentencias. El caso, considerado uno de los más relevantes de corrupción en la provincia, ha generado un intenso debate sobre el clientelismo político y el financiamiento partidario, así como sobre la necesidad de identificar a los verdaderos responsables de las maniobras investigadas.