Una protesta violenta protagonizada por empleados de comercio en el Bahía Blanca Plaza Shopping el pasado Viernes Santo ha desencadenado una serie de repercusiones judiciales, políticas y sociales en la ciudad. El incidente, que incluyó bloqueos de accesos, amenazas y daños materiales, llevó a la intervención de la justicia y a la aplicación de sanciones internas en la policía local.

La fiscal Marina Lara encabeza la investigación, que se apoya en testimonios y videos aportados por periodistas y testigos. Entre los principales señalados se encuentra Claudio Montiel, secretario adjunto del sindicato de empleados de comercio, quien fue identificado por las cámaras golpeando las puertas del shopping con un cono de plástico. La justicia ordenó su detención y realizó allanamientos en los domicilios de Montiel, Raúl Oviedo (titular del sindicato) y Alejandro Olea (secretario gremial), donde se secuestraron teléfonos celulares.

El accionar policial durante la protesta también fue objeto de escrutinio. Los jefes policiales Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal recibieron sanciones de 4 y 6 días respectivamente, mientras que el subcomisario Pedro Jara fue suspendido por 8 días y desplazado de su cargo. Estas medidas generaron debate político: la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, solicitó al Ministerio de Seguridad que revise las sanciones, argumentando que se debe respaldar a la policía cuando actúa con responsabilidad y perseguir a los responsables de la violencia.

En el plano sindical, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) expresó su solidaridad con los empleados de comercio y denunció una persecución judicial y policial contra los dirigentes gremiales. El comunicado de UATRE advierte sobre un contexto nacional de creciente presión y estigmatización hacia las organizaciones sindicales.

El Concejo Deliberante local aprobó de manera unánime una declaración de rechazo a la violencia, reflejando la preocupación social por el episodio. Mientras tanto, la investigación judicial continúa y se esperan nuevas novedades en los próximos días, en un clima de debate sobre el equilibrio entre el control del orden público y la defensa de los derechos sindicales.