El reciente escándalo en el Hospital Italiano de Buenos Aires ha sacudido al sistema de salud argentino, tras la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, ambos hallados sin vida con rastros de propofol y fentanilo, drogas de uso exclusivo hospitalario. La investigación judicial reveló que estos fármacos, sustraídos del inventario hospitalario, eran utilizados en fiestas privadas conocidas como “Propofest”, donde profesionales de la salud participaban en el consumo recreativo de anestésicos.

El caso tomó estado público el 20 de febrero de 2026, cuando Zalazar fue encontrado muerto en su departamento de Palermo, con una vía intravenosa y material médico descartable. Días después, Bentancourt fue hallado en circunstancias similares. Las pesquisas apuntaron rápidamente al Hospital Italiano, donde Hernán Boveri, anestesiólogo, y Delfina Lanusse, residente, fueron procesados por administración fraudulenta y robo de propofol. Ambos admitieron haber consumido la sustancia y mantener una relación personal, lo que agravó la situación judicial y motivó la prohibición de contacto y salida del país.

La Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) presentó la denuncia formal tras recibir reportes internos y testimonios de colegas que observaron conductas sospechosas. Los allanamientos realizados permitieron secuestrar ampollas, bombas de infusión y otros insumos médicos, confirmando la sustracción sistemática de medicamentos críticos.

El escándalo puso en evidencia graves fallas en los controles internos de hospitales y clínicas, especialmente en la trazabilidad de fármacos de alto riesgo. Además, abrió el debate sobre el consumo problemático entre profesionales de la salud, un fenómeno históricamente vinculado al estrés laboral y la falta de contención institucional. La ANMAT reforzó normativas y cerró laboratorios implicados en otros casos recientes, pero persisten dudas sobre la eficacia de los controles y la prevención de futuros desvíos.

La comunidad médica y la sociedad en general reclaman respuestas estructurales, mayor transparencia y un abordaje integral que incluya tanto sanciones como prevención y apoyo a los trabajadores de la salud afectados por adicciones. El caso “Propofest” se ha convertido en un llamado de atención sobre las vulnerabilidades del sistema sanitario argentino y la urgente necesidad de reformas profundas.