Un proyecto de ley presentado en el Congreso argentino busca restablecer los créditos ANSES, eliminados en 2025, con un enfoque renovado orientado al desendeudamiento de los sectores más vulnerables. La iniciativa, impulsada por bloques opositores, propone préstamos de hasta $1.500.000 por persona, con tasas reguladas y condiciones adaptadas a los ingresos de los beneficiarios. A diferencia de los esquemas anteriores, el dinero no se entregaría en efectivo, sino que se transferiría directamente a los acreedores para cancelar deudas existentes, como las de tarjetas de crédito, financieras o prestamistas informales.

El universo de potenciales beneficiarios incluye jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas y trabajadores informales, sectores que suelen quedar fuera del sistema bancario tradicional. El proyecto establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante y que el monto máximo del préstamo se actualizará automáticamente según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, el trámite sería completamente digital y contaría con auditorías automáticas para garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente para cancelar deudas declaradas.

El financiamiento de estos créditos provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que ha generado debate en el ámbito político. Mientras los impulsores del proyecto argumentan que la medida es necesaria para aliviar la situación financiera de millones de hogares, el oficialismo rechaza el uso de fondos previsionales para otorgar préstamos personales y sostiene que el financiamiento debe ser provisto por el sector privado.

Actualmente, el proyecto no ha sido tratado en el recinto y no existe una fecha definida para su debate. De aprobarse, la implementación podría darse en el segundo semestre de 2026. La discusión sobre los créditos ANSES refleja la tensión entre la necesidad de herramientas de alivio financiero para los sectores más vulnerables y las restricciones fiscales y políticas del contexto actual. El resultado del debate legislativo será clave para determinar si el programa se convierte en una alternativa real frente al endeudamiento informal y las altas tasas del sistema financiero no regulado.