La abogada argentina Agostina Páez deberá permanecer en Brasil al menos entre 10 y 15 días más, luego de que la justicia de ese país decidiera mantener las medidas cautelares y el monitoreo electrónico en su contra. Páez, detenida en Río de Janeiro desde hace dos meses por un incidente de injuria racial, esperaba regresar a la Argentina tras un acuerdo judicial que preveía una pena mínima, intercambiable por resarcimiento económico y tareas comunitarias.

La decisión judicial generó un fuerte cruce político en Argentina. La senadora Patricia Bullrich acusó al expresidente Alberto Fernández y a la diputada Marcela Pagano de condicionar sus gestiones a un agradecimiento público y de buscar rédito político con el caso. “La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja. No están para especulaciones ni para juegos políticos”, expresó Bullrich tras dialogar con la familia de Páez. Además, destacó el trabajo del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino, asegurando que actuaron “con responsabilidad y sin show”.

Por su parte, Pagano y Fernández reivindicaron su intervención en el caso y negaron cualquier condicionamiento. Pagano señaló que fue el propio canciller quien habló públicamente sobre el regreso de Páez y que eso habría perturbado los tiempos del proceso. La legisladora también agradeció la gestión de Fernández y subrayó la importancia de la diplomacia parlamentaria.

La defensa de Páez, encabezada por la abogada Carla Junqueira, presentó un habeas corpus tras el revés judicial y busca acelerar la presentación de los alegatos finales. Según trascendió, la fiscalía brasileña unificó la acusación en un solo delito de injuria racial, con una pena mínima excarcelable y reemplazable por servicios comunitarios. El monto de resarcimiento propuesto sería de unos 50 mil dólares por víctima.

El caso, que comenzó con la detención de Páez en Ipanema, Río de Janeiro, ha tenido amplia repercusión mediática y política en Argentina. Mientras tanto, la familia de la abogada expresó su desesperación y pidió evitar la utilización política de la situación. El gobierno argentino sostiene que actuó desde el primer día, mientras la oposición reclama protagonismo en la gestión. El desenlace del caso dependerá de la resolución final del juez brasileño en los próximos días.