El Gobierno argentino avanza con la privatización del sistema ferroviario de cargas Belgrano Cargas, en un proceso que busca transformar la logística nacional y atraer inversiones millonarias. Según fuentes oficiales, la licitación será lanzada a fines de marzo, con el objetivo de adjudicar la operación antes de diciembre y concretar el traspaso a manos privadas en ese plazo.

El plan abarca la concesión de 7.594 kilómetros de red ferroviaria, incluyendo las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que atraviesan 16 provincias y conectan con cinco países vecinos. El modelo propuesto por el Gobierno es de "acceso abierto" (Open Access), que separa la administración de la infraestructura de la operación de los trenes, y elimina subsidios y cánones estatales. Los ingresos para los concesionarios provendrán del cobro de peajes a los operadores y de la explotación de activos inmobiliarios asociados a la red.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) será utilizado como atractivo fiscal para los inversores, permitiendo beneficios impositivos a quienes modernicen la red. El esquema contempla inversiones mínimas de entre 755 y 800 millones de dólares, aunque el Grupo México, único oferente extranjero relevante, ha prometido hasta 3.000 millones de dólares si se le otorga una concesión integrada.

La competencia principal se da entre un consorcio de agroexportadoras argentinas, que actualmente controla el 85% de la carga del Belgrano Cargas, y el Grupo México, que exige garantías de acceso al RIGI y la posibilidad de operar bajo un modelo integrado. "Si no ganamos el Belgrano y el San Martín, nos vamos", advirtió Bernardo Ayala, CEO de la división transporte del Grupo México, en declaraciones a la prensa.

El cronograma oficial prevé 90 días para la presentación de ofertas tras el lanzamiento de la licitación, adjudicación en junio o julio, y un período de transición de otros 90 días para el traspaso operativo. El Gobierno defiende el modelo de acceso abierto como una vía para fomentar la competencia y la eficiencia, aunque algunos oferentes lo critican por considerarlo insuficiente para sectores como la minería.

El proceso es observado de cerca por el sector minero, que evalúa futuras alianzas logísticas, y representa una prueba clave para el modelo económico del Gobierno, basado en la inversión privada y la reducción del gasto estatal. Si el diseño no logra atraer suficientes interesados, existe el riesgo de que la licitación quede desierta, lo que pondría en cuestión la viabilidad de futuras privatizaciones.