Una mujer fue detenida e imputada en San Pedro de Jujuy tras ser acusada de matar y mutilar a su perra embarazada, en un caso que ha generado conmoción y repudio en la comunidad local. El hecho ocurrió en la calle Maipú del barrio Ejército del Norte, donde vecinos alertados por los alaridos del animal presenciaron la brutal agresión. Según los testimonios y pruebas audiovisuales aportadas por los testigos, la acusada utilizó una hoja de afeitar para abrir el vientre de la perra, provocando la muerte tanto del animal como de sus cachorros.

La denuncia fue radicada por la Asociación Protectora Amigos del Animal de San Pedro de Jujuy, que entregó el video del ataque a las autoridades. La investigación quedó a cargo del fiscal Agustín Jarma, quien dispuso la detención inmediata de la mujer y la imputación por el delito de crueldad animal, previsto en los artículos 1 y 3 inciso 7 de la Ley 14.346. La acusada permanecerá en prisión preventiva en San Pedro y posteriormente será trasladada al Penal de Gorriti, en la capital provincial.

La jueza ambiental Laura Flores, en diálogo con medios locales, subrayó que la Ley de Crueldad Animal establece penas muy bajas en relación a la gravedad de los hechos, y remarcó la necesidad de actualizar la legislación. "No podemos apartarnos de la ley aunque nuestra sensibilidad nos indique otra cosa", afirmó Flores, quien también destacó la importancia de la denuncia ciudadana para que la Justicia pueda actuar.

El caso reavivó el debate sobre la protección animal en Argentina, donde existen proyectos legislativos para endurecer las sanciones por maltrato y crueldad, aunque aún no han avanzado en el Congreso. Organizaciones proteccionistas colaboraron en la denuncia y el rescate de otros animales en riesgo, mientras la causa judicial continúa su curso bajo la supervisión del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal Jarma aseguró que la evidencia es contundente y que "no hay forma de que pueda no ser ella" la responsable del hecho.

La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses, durante los cuales se completará la recolección de pruebas. El caso ha generado indignación en la provincia y renovó el reclamo por una legislación más severa que proteja a los animales de actos de crueldad.