Diversas encuestas nacionales publicadas en los últimos días evidencian un creciente descontento social con la gestión del presidente Javier Milei en Argentina. Según un estudio del Observatorio de Política Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 62,8% de los consultados desaprueba la gestión del mandatario, mientras que solo el 37,2% la aprueba. Este desgaste alcanza incluso a su núcleo de votantes: entre quienes apoyaron a Milei en 2023, la aprobación actual es del 66,4%.

El malestar se refleja también en la percepción económica. Un 60,6% califica la situación del país como "mala o muy mala", y un 59% afirma estar peor desde el inicio del actual gobierno. La imagen negativa del presidente se sitúa entre el 58% y el 64%, según diferentes sondeos, y la percepción de corrupción ha aumentado: el 47% de los encuestados considera que hay más corrupción que en gestiones anteriores.

De cara a las elecciones de 2027, el deseo de cambio es mayoritario. El 64,1% de los encuestados prefiere un nuevo gobierno, y en un eventual ballotage entre Milei y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense obtendría el 48,2% de los votos frente al 39,3% del presidente. Sin embargo, la oposición aún no logra capitalizar plenamente el descontento: Milei lidera las preferencias electorales con un 30-32%, seguido por Kicillof con un 19-24,5%.

El informe de la UBA advierte que la ventaja opositora debe interpretarse como un reflejo del clima adverso al oficialismo, más que como una consolidación de la hegemonía opositora. El recuerdo de gestiones anteriores también influye en la opinión pública: el 49,2% de los encuestados afirma haber vivido mejor durante los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, frente al 31,1% que prefiere la gestión de Milei.

En este contexto, analistas y consultores coinciden en que el rechazo a la gestión y la situación económica podrían marcar un techo electoral para Milei, estimado en torno al 39%. La situación plantea un escenario desafiante para el oficialismo de cara a los próximos comicios y abre interrogantes sobre la capacidad de la oposición para canalizar el descontento social.