El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, impulsa una ambiciosa reforma legal para permitir la creación de empresas gestionadas exclusivamente por inteligencia artificial, sin intervención humana. El proyecto, conocido como "Súper RIGI", busca posicionar a Argentina como un polo global de innovación tecnológica, ofreciendo exenciones fiscales, incentivos cambiarios y garantías legales a las grandes tecnológicas por un período de 30 años.

La iniciativa ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional. El historiador Yuval Noah Harari expresó su preocupación por los riesgos de otorgar personalidad jurídica a empresas de IA, advirtiendo sobre la falta de responsabilidad penal y la posible pérdida de soberanía estatal. Milei, en respuesta, argumentó que la personalidad jurídica es un instrumento probado en la historia del derecho comercial y que su implementación no implica riesgos catastróficos, sino que fomenta la innovación y la protección legal ante eventuales daños.

Sturzenegger, por su parte, sostiene que la IA tiene más incentivos que los humanos para cumplir la ley, ya que la quiebra de una empresa automatizada equivaldría a su "muerte". El gobierno compara su estrategia con el modelo irlandés, que atrajo inversiones tecnológicas mediante un marco regulatorio favorable. Sin embargo, críticos locales advierten que el proyecto carece de salvaguardas esenciales, como controles humanos o mecanismos de apagado, y podría derivar en una economía de enclave con escasos beneficios para el empleo y la industria nacional.

El debate se desarrolla en un contexto global de creciente regulación sobre la IA, con Europa y Estados Unidos endureciendo sus marcos legales. Argentina, en cambio, apuesta por una desregulación casi total, buscando atraer a gigantes como Tesla y OpenAI. Mientras el Congreso discute la reforma, persisten las dudas sobre el impacto real en la economía, la soberanía de datos y la protección de los derechos ciudadanos. El desenlace de este debate podría definir el rumbo del país en la nueva era digital.