Una joven víctima de abuso sexual se encadenó este miércoles en la Cámara Penal de Catamarca para exigir una condena firme contra los dos hombres acusados de haberla agredido en 2018. El caso, que lleva casi ocho años sin sentencia definitiva, volvió a exponer las demoras y obstáculos del sistema judicial en delitos de violencia de género.

La mujer, identificada como A.S., acudió a la sede judicial para consultar sobre el avance de la causa y fue informada de que la audiencia para dictar una nueva sentencia podría realizarse recién en agosto. Ante la noticia, la joven sufrió una crisis nerviosa, se encadenó a una silla y se roció la ropa con alcohol, lo que generó alarma entre los presentes. Personal del SAME la asistió y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista.

El hecho que originó la causa ocurrió en julio de 2018, cuando A.S. denunció haber sido engañada con una promesa de trabajo y abusada sexualmente por Gabriel Leiva y Emanuel Agüero en una vivienda del barrio INTA, Valle Viejo. En mayo de 2023, ambos fueron condenados a 10 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado, pero la sentencia fue anulada por la Corte de Justicia provincial.

La anulación se debió a que los mismos jueces que habían dictado el primer fallo volvieron a intervenir en la causa, lo que, según el máximo tribunal, comprometía la garantía de imparcialidad. Además, se señalaron deficiencias en la fundamentación de la sentencia y falta de valoración de pruebas de descargo. Por ello, se ordenó que un tribunal con nueva integración dicte una nueva resolución.

Mientras tanto, los acusados permanecen en libertad. La víctima expresó su frustración: “Solo quiero que ellos estén presos. Quiero justicia, no puede ser que los cruce todo el tiempo en la calle y se me rían en la cara”. Familiares y organizaciones que la acompañaron denunciaron que "son las víctimas quienes están privadas de la libertad".

La defensa de los imputados sostiene que las sucesivas anulaciones avalan la absolución, mientras que el reclamo de la joven reavivó el debate sobre la protección de víctimas y la necesidad de mayor celeridad en los procesos judiciales. El caso sigue a la espera de una nueva audiencia, prevista para agosto, y mantiene en vilo a la comunidad de Catamarca.