Una serie de estafas millonarias con billeteras virtuales y empresas fantasma ha sacudido a varias provincias argentinas en los últimos meses. Las investigaciones judiciales revelan que bandas criminales crearon sociedades SRL completamente legales, con papeles en regla y cuentas bancarias empresariales, para captar inversiones y mover grandes sumas de dinero ilícito sin levantar sospechas.

El caso más resonante se originó en Puerto Madryn, donde una mujer perdió más de 800 millones de pesos, producto de una herencia y ahorros personales, tras invertir en una plataforma fraudulenta. Según la fiscalía, la organización operaba de forma anónima y digital, utilizando falsas propuestas de capacitación y aplicaciones que simulaban rentabilidad. "Cuando el ofrecimiento supera los niveles de ganancia financiera actuales, hay que desconfiar", advirtió el fiscal Fernando Rivarola, a cargo de la investigación.

En Santa Fe, la fiscalía detectó una estafa de más de 34 millones de pesos a través de la suplantación de identidad y la apertura de billeteras virtuales con documentación adulterada. El fiscal Agustín Nigro explicó que los delincuentes lograron acceder a cuentas comitentes de inversión y transferir los fondos a otras cuentas, para luego convertirlos en criptoactivos. "La fiscalía recuperó toda esa ruta de dinero hasta lograr identificar a los destinatarios finales", señaló Nigro, quien también destacó la negligencia de algunas entidades financieras en los controles de validación de identidad.

Las investigaciones permitieron identificar a varias empresas utilizadas como pantallas, entre ellas Grupo Financiero Big Ben, y a personas en situación de vulnerabilidad como titulares de las sociedades. Hasta el momento, hay al menos cuatro detenidos y otros sospechosos con pedido de captura, mientras que la justicia ordenó la devolución de fondos a algunas víctimas y continúa el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados.

El auge de las billeteras virtuales y la facilidad para crear cuentas empresariales han facilitado la expansión de estos esquemas, que recuerdan a casos como Generación Zoe, aunque sin un líder carismático y con una estructura más descentralizada. La coordinación entre fiscalías de distintas provincias y la aplicación de la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia buscan frenar el avance de estas organizaciones.

Fiscales y jueces advierten sobre la sofisticación de las bandas y la necesidad de reforzar los controles en las plataformas financieras. Se espera que las investigaciones en curso permitan identificar a más responsables y víctimas, y que sirvan de advertencia sobre los riesgos de las inversiones virtuales sin respaldo.