La provincia de Santa Fe ha dado un paso histórico al promulgar una nueva Constitución, la primera reforma en más de seis décadas. El proceso, que se extendió por dos meses y culminó con la jura oficial el pasado viernes, implicó la modificación de 42 artículos y la incorporación de otros 46, estableciendo un nuevo marco institucional para la provincia.

Entre los cambios más significativos se encuentra la habilitación de la reelección del gobernador por un período, una medida que generó debate pero que finalmente fue aprobada con el acompañamiento de sectores opositores. El actual gobernador, Maximiliano Pullaro, podrá competir por un nuevo mandato en 2027, consolidando así una victoria política que sus predecesores no lograron concretar. Además, la reforma limita los mandatos legislativos y elimina la mayoría automática en la Cámara de Diputados, promoviendo un sistema más proporcional y consensuado.

La autonomía municipal es otro de los puntos centrales de la reforma. Por primera vez, los municipios santafesinos podrán dictar sus propias cartas orgánicas, lo que les permitirá gestionar sus asuntos con mayor independencia. Intendentes de ciudades como Rosario y Santa Fe ya han iniciado el proceso de redacción de estos documentos, destacando la importancia de adaptar la normativa a las necesidades locales y de garantizar recursos adecuados para asumir nuevas responsabilidades.

La nueva Constitución también exige la sanción de 21 leyes clave en los próximos dos años, necesarias para hacer operativos los cambios aprobados. Entre ellas, la ley de coparticipación y la ley orgánica de municipalidades figuran como prioridades, junto con reformas en el régimen electoral y la estructura del Poder Judicial. El texto amplía la Corte Suprema de Justicia, crea el Ministerio Público con autonomía funcional y establece nuevos mecanismos para la designación de jueces y fiscales, aunque estos últimos puntos han sido objeto de críticas por parte de la oposición, que advierte sobre una posible concentración de poder en el Ejecutivo.

El proceso de reforma fue acompañado por un amplio consenso político: el 85% de los convencionales votaron a favor del texto final, mientras que solo los bloques libertarios y algunos sectores minoritarios se opusieron. El peronismo, aunque crítico en algunos aspectos, destacó los avances en derechos y la ampliación de herramientas para la ciudadanía, pero advirtió sobre retrocesos en temas como el indulto y la reinserción social en el sistema penitenciario.

En palabras del gobernador Pullaro, "consenso como método y equilibrio como resultado" resumen el espíritu de la reforma. El desafío ahora recae en la Legislatura, que deberá transformar los artículos constitucionales en políticas públicas concretas a través de la sanción de leyes reglamentarias. El nuevo escenario institucional promete mayor participación ciudadana, descentralización y un rediseño profundo de las relaciones entre los poderes provinciales y municipales, aunque persisten tensiones y desafíos en la implementación de los cambios.