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17 de abril de 2026
Politica
Paraná

“Que alguien le dé un tiro en la frente”: comienza el juicio contra una mujer de Entre Ríos que amenazó a Macri

• Comienza el juicio a una mujer en Paraná por amenazar en redes a Mauricio Macri en 2019. • La acusada enfrenta una posible pena de 2 a 6 años. • El caso reabre el debate sobre amenazas online y libertad de expresión.

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El juicio contra Stefanía Belén Troncoso, acusada de amenazar al expresidente Mauricio Macri a través de redes sociales en 2019, comenzó este viernes en la ciudad de Paraná. Troncoso enfrenta cargos por haber publicado en Facebook el mensaje: “¡Por favor, que alguien le dé un tiro en la frente!”, en el contexto de una visita presidencial a Entre Ríos durante una crisis económica y política.

La denuncia fue realizada por ciudadanos que alertaron al Ministerio de Seguridad, lo que derivó en una investigación de la Policía Federal y la posterior intervención de la Justicia Federal. El expediente, que pasó por varios jueces y fiscales, incluyó peritajes informáticos, informes de empresas de telecomunicaciones y declaraciones testimoniales. La acusada, representada por la Defensa Pública, alegó que su cuenta había sido hackeada, pero los peritajes no encontraron pruebas que respaldaran esa versión.

La defensa de Troncoso solicitó el sobreseimiento por supuesta vulneración del plazo razonable, pero el pedido fue rechazado. Horas antes del inicio del juicio, la defensa interpuso un pedido de probation, que será analizado por el tribunal. Si se acepta, se aplicarán medidas alternativas; de lo contrario, el proceso judicial continuará.

El caso se da en el marco de la política de “tolerancia cero” a las amenazas en redes sociales impulsada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Sin embargo, antecedentes judiciales muestran que en situaciones similares la Justicia Federal ha absuelto a los acusados, considerando que los mensajes no tenían intención delictiva y estaban amparados por la libertad de expresión.

El resultado de este juicio podría sentar un precedente sobre el tratamiento de amenazas online a figuras públicas y reaviva el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección de la integridad de los funcionarios.