El Senado argentino se encuentra en el centro de un intenso debate por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo. La iniciativa, que busca acelerar los procesos de desalojo y modificar leyes fundamentales sobre vivienda, alquileres y expropiaciones, ha generado una fuerte polémica tanto en el ámbito político como social.

El proyecto propone reducir a tres días el plazo de intimación por deuda para inquilinos y ocupantes, permitiendo que los desalojos se tramiten mediante juicios sumarísimos, el procedimiento más rápido del sistema judicial argentino. Según especialistas y organizaciones sociales, esta medida podría dejar en situación de vulnerabilidad a 1,2 millones de familias que habitan en unos 6.500 barrios populares, incluyendo a dos millones de niños. Además, se estima que actualmente existen 150 juicios de desalojo activos que afectan a 4.500 familias.

Desde el oficialismo, se argumenta que la reforma es necesaria para reforzar la seguridad jurídica, agilizar la recuperación de inmuebles y fomentar la inversión en el sector inmobiliario y la construcción. "Cuanto mayor es el riesgo, mayor es el costo. Si recuperar un inmueble lleva años, ese factor se incorpora al valor del alquiler", explicó Enrique Abatti (h), directivo de la Cámara de Propietarios de la República Argentina. Por su parte, Bibiana Varela Guijarro, abogada especialista en derecho inmobiliario, sostuvo que el proyecto no entra en conflicto con la Constitución y que busca dar respuesta a situaciones de intrusión prolongada.

Sin embargo, organizaciones de inquilinos y referentes sociales advierten que la ley profundiza la vulnerabilidad de quienes alquilan o viven en asentamientos. Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, señaló: "No existe una ley tan violenta como la que se está planteando en el Senado ahora. Frente a un atraso, el dueño puede notificar en tres días y, en cinco, el juez puede ejecutar el desalojo". Además, denunció que la iniciativa elimina la posibilidad de regularizar la situación aun si se paga la deuda, en un contexto de crisis económica y pérdida de poder adquisitivo.

El debate parlamentario estuvo marcado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición, con acusaciones de politización y defensa de intereses internacionales. Mientras tanto, la discusión continuará en el Senado, donde se espera que se introduzcan modificaciones al texto original. El resultado de este proceso será clave para definir el futuro de millones de personas y el equilibrio entre el derecho a la propiedad y el acceso a la vivienda en Argentina.