El Gobierno argentino enfrenta una situación crítica tras el fallo judicial que lo obliga a transferir $2,5 billones a las universidades nacionales antes del viernes. La medida, que ratifica la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, exige la actualización de salarios docentes y no docentes, así como la recomposición de becas estudiantiles, generando un fuerte impacto en el equilibrio fiscal del país.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo planea apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque las posibilidades de obtener un fallo favorable son escasas. "Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata", reconoció una fuente del Gobierno citada por Infobae. Sin embargo, la cautelar judicial exige el cumplimiento inmediato de la ley, lo que deja al Gobierno con poco margen de maniobra.

El conflicto se agrava en un contexto de ajuste fiscal, caída de la recaudación y creciente malestar social. Desde 2023, las transferencias a las universidades han caído un 45,6% en términos reales, mientras que los salarios universitarios, aunque aumentaron un 158%, quedaron rezagados frente a una inflación acumulada del 280%. Esta situación ha llevado a rectores, sindicatos y asociaciones estudiantiles a reclamar mayores partidas presupuestarias y a organizar movilizaciones masivas para exigir el cumplimiento de la ley.

El oficialismo, que intentó vetar la norma en 2025, se enfrenta ahora a la presión de la comunidad universitaria y a la posibilidad de un regreso del déficit fiscal. Analistas señalan que el fallo judicial representa un punto de inflexión en la estrategia de ajuste del Gobierno, obligándolo a recalcular sus prioridades presupuestarias. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre cómo se implementará el pago y cuáles serán las consecuencias políticas y económicas a corto plazo.