Un policía de Mendoza fue imputado por homicidio agravado tras disparar y matar a Federico García, un hombre de 37 años con antecedentes penales, en un confuso episodio ocurrido el lunes por la mañana en Luján de Cuyo. El hecho se produjo cuando el oficial, José Funes, identificó el vehículo de García como el mismo que había sido utilizado días antes en el robo de su arma reglamentaria y otras pertenencias personales.

Según la reconstrucción de los hechos, Funes se encontraba fuera de servicio y había ido a comprar alimento para su mascota cuando reconoció el Chevrolet Prisma gris en el que se movilizaba García. Al intentar detenerlo, el policía se identificó y dio la voz de alto, pero García aceleró el vehículo, presuntamente intentando atropellarlo. Funes, que sufrió lesiones en la pierna, extrajo su arma y disparó ocho veces contra el auto, impactando una bala en la cabeza del conductor.

García fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde falleció horas después. En el allanamiento a su domicilio, se encontraron varias de las pertenencias robadas al policía, aunque el arma reglamentaria no fue hallada. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del incidente y constituyen una de las principales pruebas en la investigación.

El fiscal Gustavo Pirrello imputó a Funes por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de funcionario policial, una calificación que prevé prisión perpetua en caso de condena. La defensa del policía, a cargo de la abogada Susana Soleti, solicitó la prisión domiciliaria, argumentando que Funes carece de antecedentes y tiene arraigo familiar.

El caso ha generado un fuerte debate en la sociedad mendocina, con manifestaciones de apoyo al policía y críticas al accionar de la fuerza. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, lamentó la muerte y pidió esperar la resolución judicial, asegurando que se brinda asistencia al personal policial involucrado. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal sostiene que no hubo legítima defensa y que el policía actuó fuera de sus funciones.

La situación procesal de Funes podría modificarse a medida que avancen los peritajes y se incorporen nuevas pruebas. El hecho pone en discusión el uso de la fuerza por parte de la policía y la respuesta institucional ante la inseguridad, en un contexto de creciente preocupación social en Mendoza.