El Ministerio de Justicia de la Nación resolvió postergar nuevamente la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), trasladando la fecha de implementación al 15 de febrero de 2027. La decisión, oficializada mediante la Resolución 186/2026 publicada en el Boletín Oficial, responde a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales detectadas durante el proceso de transición hacia el sistema acusatorio.

Según informaron fuentes oficiales, la medida afecta a las cámaras federales de apelaciones en lo penal y en lo penal económico de la ciudad. El Ministerio de Justicia explicó que la prórroga permitirá culminar obras de infraestructura, ampliar recursos humanos especializados y asegurar una migración ordenada hacia el nuevo modelo procesal. "La medida adoptada permite disponer de un período adicional para intensificar las actividades institucionales preparatorias para la implementación del nuevo sistema en la mencionada jurisdicción", señala la resolución.

El Código Procesal Penal Federal, vigente en varias provincias argentinas, introduce el sistema acusatorio, que otorga mayor protagonismo al Ministerio Público Fiscal y promueve la oralidad y la celeridad en los juicios. Sin embargo, la implementación en CABA enfrenta desafíos particulares: el distrito concentra cerca del 15% de los fiscales y el 19% de los jueces federales del país, además de un alto volumen de causas complejas vinculadas a delitos económicos, corrupción, lavado de activos, narcotráfico y trata de personas.

La Procuración General de la Nación advirtió sobre la existencia de "asimetrías operativas" y una "insuficiencia crítica de espacios físicos" en las fiscalías, a pesar de las inversiones realizadas en equipamiento y capacitación. El informe de la Procuración también subraya la necesidad de ampliar la planta de personal e incorporar técnicos para operar herramientas informáticas clave en las investigaciones.

El Ministerio de Justicia remarcó que la implementación del sistema acusatorio constituye una política de Estado que requiere la cooperación activa de los tres poderes y diversas agencias, como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y la Defensoría General. Con esta nueva prórroga, el Gobierno busca asegurar condiciones adecuadas para una transición efectiva y sostenible en uno de los distritos más complejos del país. Se espera que, durante el plazo adicional, se concluyan las inversiones y gestiones necesarias para garantizar la eficacia del proceso penal federal en la Ciudad de Buenos Aires.