El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó el pedido de la defensa del lobista Mauricio Novelli para suspender la investigación sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA, en la que también está involucrado el presidente Javier Milei. La decisión se tomó luego de que la defensa de Novelli denunciara supuestas irregularidades en el peritaje de su teléfono celular, alegando violaciones a la cadena de custodia y filtraciones de datos privados.

En su resolución, el magistrado consideró que suspender la causa sería una medida prematura y que podría afectar el esclarecimiento de los hechos. "Proceder en el sentido pretendido implicaría privar al proceso de elementos cuya gravitación probatoria se encuentra sujeta, en definitiva, a las resultas de las medidas oportunamente ordenadas", sostuvo Martínez De Giorgi. Además, ordenó una serie de medidas de prueba para determinar si existieron irregularidades en el manejo de la evidencia, incluyendo informes detallados a la Procuración General y a la DATIP sobre la preservación y acceso al material peritado.

La investigación, delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano, se centra en una presunta estafa masiva con la criptomoneda $LIBRA, que habría generado pérdidas superiores a los 250 millones de dólares. La querella, representada por el abogado Martín Romeo, solicitó la citación a indagatoria de Milei, su hermana Karina y otros funcionarios, acusándolos de cohecho, negociaciones incompatibles y lavado de activos. Según la presentación, existió una coordinación desde la presidencia para promover el token y beneficiar a insiders, quienes habrían vendido en el pico del valor antes de su desplome, dejando a miles de inversores con activos sin valor.

Registros judiciales revelan siete llamadas entre Milei y Novelli la noche de la promoción de $LIBRA, aunque no se ha difundido el contenido de las comunicaciones. Medios internacionales, como The New York Times, han puesto bajo la lupa la actuación del presidente argentino, señalando inconsistencias entre su versión pública y los registros judiciales. El caso también involucra a empresarios y reguladores, y ha abierto sumarios internos y causas penales por la filtración de información durante el peritaje.

Mientras la defensa de Novelli insiste en la nulidad de la prueba y denuncia persecución política, el gobierno no ha emitido declaraciones públicas sobre las nuevas revelaciones. El escándalo continúa creciendo y amenaza con tener consecuencias políticas y judiciales de gran alcance.