Argentina fue escenario este martes de una jornada nacional de protestas y cortes de rutas, encabezada por organizaciones sociales en rechazo a la eliminación del plan Volver al Trabajo. La medida, impulsada por el gobierno de Javier Milei y ejecutada a través del Ministerio de Capital Humano, afectó a unos 900.000 beneficiarios y generó una ola de movilizaciones en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del país.

Desde las primeras horas de la mañana, manifestantes bloquearon puntos clave como el Puente Pueyrredón, Puente Saavedra, Puente La Noria, la intersección de Ruta 3 y General Paz, y la autopista Buenos Aires-La Plata. En Avellaneda, la tensión escaló cuando efectivos de la Policía Federal, Infantería y Prefectura Naval intervinieron para dispersar a los manifestantes, utilizando gas pimienta y camiones hidrantes. La avenida Pavón y otros accesos permanecieron cortados durante varias horas, generando caos vehicular y complicaciones para miles de personas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no aplicar el protocolo antipiquetes y sostuvo en redes sociales: “Las imágenes de los cortes muestran claramente la falta de ley y orden en su territorio. Nuestras Fuerzas Federales están desplegadas donde nos corresponde, y ahí aplicamos el protocolo sin dudar, para que el orden sea la regla”.

Por su parte, dirigentes sociales como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, defendieron la legitimidad del reclamo y criticaron la represión: “Es un reclamo justo porque están eliminando un programa esencial. Hay que jactarse de resolver los problemas, no de la represión”. Otras voces, como la de Natalia, miembro de un comedor en Avellaneda, señalaron el impacto directo de la medida en los sectores más vulnerables: “Setenta y ocho mil pesos para muchos es insignificante, pero para nosotros es mucho”.

El plan Volver al Trabajo, que otorgaba una asignación mensual de $78.000 a trabajadores informales, será reemplazado por vouchers de capacitación laboral, según anunció el gobierno. La decisión forma parte de un ajuste más amplio que busca “priorizar la inserción laboral formal” y eliminar la intermediación en los planes sociales. Sin embargo, las organizaciones sociales advierten que la medida afectará a comedores, merenderos y actividades comunitarias en todo el país.

Las protestas se replicaron en Córdoba, Rosario, La Plata, Santa Fe, y varias provincias del norte y la Patagonia, con movilizaciones y cortes de rutas. El conflicto evidencia la tensión entre el gobierno nacional y los movimientos sociales, en un contexto de creciente malestar social y demandas por mayor protección a los sectores más vulnerables. Se espera que las negociaciones y las protestas continúen en los próximos días, mientras se definen los alcances de la nueva política social.