El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro dictó sentencia contra el exfiscal Carlos Washington Palacios, los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, y el testigo César Emiliano Jaunarena, por su participación en una maniobra destinada a plantar pruebas falsas en la investigación del robo a la casa de Sergio Massa y Malena Galmarini, ocurrido en 2013 en Tigre, provincia de Buenos Aires.

Según la investigación judicial, entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, los condenados coordinaron acciones para favorecer a Alcides Gorgonio Díaz, exagente de Prefectura Naval y principal acusado del asalto, quien ya había sido condenado a 13 años de prisión. La maniobra incluyó la presentación de una denuncia falsa por amenazas, declaraciones mendaces y la presión a testigos para modificar sus testimonios, con el objetivo de desacreditar la actuación policial y fiscal y debilitar la causa contra Díaz.

El fallo, firmado por el juez Hernán Sergio Archelli, estableció penas de seis años de prisión y doce de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos para Palacios; cinco años de prisión y cinco de inhabilitación profesional para Pérez Bodria y Español; y cuatro años de prisión para Jaunarena. El magistrado consideró agravantes la gravedad institucional de los hechos, la utilización del aparato judicial para fines ilícitos y la participación de más de tres personas en la maniobra.

La coordinación entre los involucrados fue probada mediante registros de llamadas telefónicas, grabaciones de conversaciones y testimonios de policías intervinientes. Además, se comprobó que Palacios fue destituido en 2019 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, tras determinarse su accionar irregular y contrario a los deberes de su cargo.

El caso, que comenzó como un hecho policial, expuso una trama de corrupción judicial y tuvo un fuerte impacto político, ya que Massa era candidato opositor en 2013. Tras conocerse la sentencia, Malena Galmarini expresó en redes sociales: “Intentaron ensuciar la verdad y terminaron condenados. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin”.

El fallo es considerado un ejemplo de la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el sistema judicial argentino, y marca un precedente en la lucha contra la corrupción institucional.