El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires generó una fuerte controversia entre el gobierno porteño y los sindicatos judiciales. El ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, explicó que la transferencia permitirá a la jurisdicción local gestionar los litigios laborales individuales, mientras que los casos colectivos seguirán bajo la órbita nacional. Tapia fundamentó la medida en la necesidad de agilizar los procesos, que actualmente demoran entre cinco y siete años debido a normativas desactualizadas.

La Ciudad implementará un nuevo código de procedimiento y una estructura de juzgados basada en oficinas de gestión integrada, lo que permitirá reducir plazos y modernizar la administración judicial. El acuerdo entre Nación y Ciudad prevé la estabilidad laboral de unos 1.600-1.800 empleados judiciales, así como la posibilidad de traslados voluntarios de jueces. Durante el período de transición, estimado en cinco años, ambas jurisdicciones coexistirán: la Justicia Nacional tramitará causas preexistentes, mientras que la Ciudad absorberá los nuevos expedientes.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y la Confederación General del Trabajo (CGT) realizaron un paro nacional y movilización en rechazo al traspaso, denunciando riesgos para la tutela efectiva de los derechos laborales y la posible pérdida de puestos de trabajo. "Nuestro gremio está en lucha ante la virtual desaparición de la Justicia Nacional del Trabajo, primera vez que en la historia argentina borran un fuero", declaró Julio Piumato, líder de la UEJN. Legisladores opositores y referentes sindicales acompañaron la protesta, advirtiendo sobre la vulneración de principios constitucionales y la falta de garantías para los trabajadores.

El gremio judicial estima que la transferencia progresiva de competencias amenaza más de 1.700 puestos de trabajo y calificó la reforma como un "desguace" de la justicia nacional. La CGT anticipó que, de aprobarse la norma en el Senado, impulsará su judicialización por considerar que conculca derechos sociales consagrados en la Constitución. Mientras tanto, el gobierno porteño sostiene que el nuevo sistema será más eficiente y que no habrá pérdida de empleo.

El debate sobre el traspaso refleja tensiones profundas en torno a la reforma laboral y la organización judicial, con implicaciones para la protección de los derechos de los trabajadores y el equilibrio entre capital y trabajo. El desenlace dependerá de la sanción definitiva en el Senado y de eventuales acciones judiciales impulsadas por los sindicatos.