El conflicto universitario argentino se intensifica tras la convocatoria a un paro docente nacional de 48 horas, acompañado de movilizaciones en todo el país. La medida, impulsada por la CONADU Histórica y respaldada por gremios y organizaciones estudiantiles, responde al rechazo de la reforma laboral y el ajuste presupuestario propuestos por el gobierno de Javier Milei.

El paro, previsto para el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo, incluye actividades como asambleas, marchas y ollas populares en ciudades como Córdoba, Mar del Plata y Mendoza. Los docentes universitarios reclaman mejoras salariales y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, argumentando que desde la asunción de Milei han perdido cerca del 50% de su poder adquisitivo, y que el nuevo presupuesto prevé una pérdida adicional de 38 puntos.

Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), expresó: "Para funcionar necesitamos la ley", en referencia al pronunciamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que exige el cumplimiento de la normativa vigente. Los gremios docentes, por su parte, insisten en la defensa de los derechos laborales y salarios dignos, y denuncian una "reforma regresiva" que afecta a los trabajadores de la educación y otros sectores.

En Córdoba, la resistencia se manifiesta a través de vigilias, asambleas y reuniones interclaustros, con la participación activa de estudiantes y docentes de diversas facultades. El sindicalismo combativo y organizaciones de izquierda impulsan la lucha, mientras sectores burocráticos buscan contener la protesta.

El conflicto se enmarca en el envío al Congreso de un proyecto de ley que modifica el financiamiento universitario, afectando tanto a docentes como a estudiantes, quienes enfrentan becas insuficientes y salarios por debajo de la línea de pobreza. La movilización busca fortalecer la unidad en defensa de la universidad pública y gratuita, y plantea la necesidad de construir un plan de lucha para enfrentar el ajuste y la reforma laboral.

Las reacciones de los actores involucrados muestran posturas divergentes: algunos gremios y agrupaciones políticas se alinean con el gobierno, mientras otros llaman a la oposición y a la acción conjunta. El futuro del conflicto dependerá de la capacidad de los sectores movilizados para sostener la protesta y lograr sus reivindicaciones.