La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe expuso una serie de objeciones al proyecto de reforma del sistema de jueces penales impulsado por el Poder Ejecutivo provincial. En una reunión celebrada en el Palacio de Tribunales, los ministros del máximo tribunal recibieron a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para analizar los alcances de la iniciativa, que busca agilizar los juicios y optimizar la gestión de recursos en el ámbito penal.

El proyecto propone la creación de colegios de jueces penales integrados por todos los magistrados con competencia en la materia, sin distinción territorial, y la modificación de la Oficina de Gestión Judicial. Según el Ejecutivo, estas medidas permitirían una distribución más equitativa de la carga de trabajo y una mayor eficiencia en la resolución de causas, especialmente en Rosario, donde se registra una importante acumulación de juicios pendientes.

Sin embargo, la Corte Suprema entregó un documento en el que sintetiza cinco objeciones principales. Entre ellas, advierte que la reforma podría generar controversias por la amplitud de los cambios propuestos, afectar la organización territorial vigente y alterar el sistema de suplencias entre jueces. Además, cuestiona la creación de dos oficinas de gestión judicial y la asignación de competencias materiales, señalando posibles ambigüedades y riesgos para la garantía del juez natural.

Otro de los puntos críticos es la propuesta de que las audiencias diversas al juicio se realicen por medios remotos como regla general, lo que, según la Corte y el sindicato judicial, podría vulnerar el carácter oral y contradictorio del proceso penal adversarial consagrado en la Constitución provincial.

La presidenta de la comisión legislativa, Lionella Cattalini, subrayó la importancia del diálogo institucional y la necesidad de arribar a consensos antes de avanzar en el tratamiento legislativo. Por su parte, el sindicato judicial manifestó su preocupación por el posible impacto en los derechos laborales y la carrera judicial de empleados y funcionarios.

El debate sobre la reforma continuará en los próximos días, con la expectativa de que se logre una síntesis que contemple las distintas posturas y garantice tanto la eficiencia del sistema penal como el respeto a los derechos y garantías constitucionales.