El Gobierno argentino derogó una normativa que desde 2015 restringía el patentamiento de desarrollos biotecnológicos, especialmente en el sector agropecuario. La decisión, oficializada mediante la Resolución 197/2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), fue publicada en el Boletín Oficial y busca alinear la legislación nacional con los estándares internacionales, facilitando la protección de innovaciones y atrayendo inversiones al país.

La normativa derogada, la Resolución 283/2015, había sido implementada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y establecía criterios restrictivos para el patentamiento de materia viva. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, "aquella norma había hecho casi imposible patentar desarrollos biotecnológicos en Argentina", lo que generó un entorno "restrictivo y desfavorable para la innovación y la inversión". Sturzenegger afirmó que la medida representa "una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país".

La nueva resolución restablece criterios previos y excluye del patentamiento a plantas y animales completos, en línea con la ley de patentes vigente. Además, incorpora una cláusula de resguardo para terceros de buena fe que ya comercialicen productos alcanzados por futuras patentes, garantizando que no se vean afectados retroactivamente.

El sector privado y la industria semillera han insistido en la necesidad de adherir a normas internacionales para mejorar la protección de la propiedad intelectual, atraer inversiones y facilitar la llegada de nuevos actores al mercado. En años recientes, empresas como Bayer abandonaron negocios en el país debido a la falta de reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas autógamas como la soja.

Funcionarios del gobierno celebraron la medida como un paso clave para que Argentina "vuelva al mundo en biotecnología" y mejore su posición en negociaciones comerciales internacionales. Se espera que la flexibilización del marco regulatorio impulse la innovación, la productividad y la competitividad del sector agropecuario argentino, alineando al país con los requisitos de sus principales socios comerciales y acuerdos internacionales.