La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la creación de un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, una iniciativa destinada a aliviar la carga financiera de los hogares porteños con deudas en tarjetas de crédito y préstamos personales. El plan, impulsado por el legislador Leandro Santoro y respaldado por la mayoría de los bloques políticos, establece condiciones más favorables para la refinanciación de deudas, en un contexto de morosidad récord y caída del poder adquisitivo.

El programa permitirá a residentes de la Ciudad de Buenos Aires con ingresos inferiores a diez salarios mínimos y deudas que superen el 30% de sus ingresos mensuales acceder a créditos con una tasa nominal anual fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses. Los beneficiarios deberán acreditar residencia en la ciudad durante al menos dos años y encontrarse en situación de mora de entre 60 y 180 días, según la Central de Deudores del Banco Central.

El Banco Ciudad tendrá un rol central en la implementación del programa, aunque se prevé la participación de entidades financieras privadas, incentivadas mediante una reducción del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a los intereses generados por estos créditos. Los fondos serán transferidos directamente a los acreedores para cancelar o refinanciar las deudas existentes, y no podrán ser utilizados para otros fines.

La normativa excluye a quienes posean más de un inmueble, vehículos de menos de cinco años de antigüedad (salvo uso laboral), embarcaciones, aeronaves o activos financieros superiores al monto de la deuda. También quedan fuera quienes hayan comprado divisas durante el período de atraso.

El programa tendrá una vigencia inicial de 60 días para la solicitud de créditos, una vez que el Poder Ejecutivo porteño reglamente la ley en un plazo de 30 días. Se prevén campañas de difusión y mecanismos de inscripción tanto presenciales como digitales para facilitar el acceso de los potenciales beneficiarios.

La medida se enmarca en un contexto de creciente endeudamiento de los hogares y busca evitar la exclusión financiera y los embargos, así como recuperar la capacidad de consumo y previsibilidad económica de las familias porteñas. Analistas y actores políticos coinciden en que la iniciativa representa un alivio para los sectores más vulnerables, aunque advierten sobre la importancia de monitorear su implementación y el grado de adhesión del sector privado.