La localidad bonaerense de Huanguelén fue escenario de una tragedia que conmocionó a la comunidad y expuso graves falencias en la protección judicial ante casos de violencia familiar. Gustavo Suárez, de 48 años, asesinó a su hijo Francisco, de apenas 4 años, de un disparo en la cabeza y luego se suicidó dentro de un camión estacionado cerca del acceso a la localidad, sobre la Ruta 60.

Según fuentes policiales y judiciales, el hecho ocurrió en la madrugada del martes. Suárez llamó a su expareja, Daiana García, sargento de la Policía bonaerense, para avisarle de sus intenciones. García alertó de inmediato a la policía, pero los agentes que acudieron al lugar no lograron evitar el desenlace. Al llegar, encontraron a Suárez muerto y al niño gravemente herido, quien falleció poco después en el hospital local.

La investigación, a cargo del fiscal Jorge Viego de la UFI N°5 de Bahía Blanca, reveló que existían antecedentes de violencia familiar y denuncias previas contra Suárez. García había solicitado medidas de restricción, pero el Juzgado de Garantías N°3 no hizo lugar a la petición y derivó el caso al Juzgado de Paz, que finalmente permitió mantener el vínculo entre padre e hijo, argumentando que no existía "riesgo extremo". Las medidas cautelares habían vencido el 4 de diciembre, pocos días antes del crimen.

Antes de cometer el hecho, Suárez publicó en redes sociales y dejó una extensa carta dirigida a García, en la que la culpaba por lo ocurrido y expresaba motivos de venganza. "Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierda. Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste", escribió.

El caso generó una ola de dolor y consternación en Huanguelén. Familiares, amigos y vecinos despidieron al pequeño Francisco en redes sociales, expresando el vacío que dejó su partida y reclamando justicia. "Descansá en paz, mi vida. Siempre te voy a tener en mi corazón, para toda la vida", escribió un familiar.

La tragedia reavivó el debate sobre la efectividad de las medidas de protección en situaciones de violencia familiar y la necesidad de revisar los protocolos judiciales para evitar nuevos casos. Organizaciones sociales y la comunidad exigen respuestas y mayor compromiso de las autoridades para proteger a los más vulnerables.