El asesinato de Saúl Eduardo De Francesco, un jubilado de 79 años, ha sacudido a la ciudad de Zárate y la región. De Francesco desapareció el miércoles 17 de septiembre y, tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado cuatro días después en un descampado a la vera de la ruta nacional N°9, cerca de Baradero. La autopsia confirmó que fue ejecutado de un disparo en la nuca, en lo que las autoridades describen como un plan criminal cuidadosamente orquestado.

La investigación, liderada por el fiscal Juan Manuel Esperante y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Zárate-Campana, permitió la detención de cuatro sospechosos: Florencia Ludmila Valentini, oficial de la Policía Bonaerense; Alejo Ezequiel Moreno, ex policía y empleado municipal; Néstor Irvin Matencio Limache y Lucas Gabriel Lemos, ambos vecinos de la zona. Según la reconstrucción judicial, Valentini se presentó en la casa de De Francesco haciéndose pasar por la nuera de un ex compañero de trabajo, con la excusa de invitarlo a una fiesta en su honor. El jubilado sospechó y rechazó la invitación, pero horas más tarde fue interceptado por Moreno y otros dos cómplices, quienes lo obligaron a subir a un Ford Focus gris.

Los secuestradores condujeron a De Francesco hasta un descampado en Baradero, donde lo ejecutaron y le robaron las llaves de su casa. Posteriormente, intentaron ingresar a la vivienda de la víctima, pero se confundieron de departamento y huyeron al escuchar ruidos. La denuncia por desaparición fue realizada por el hermano de De Francesco al día siguiente, y la investigación se apoyó en testimonios familiares, grabaciones de cámaras de seguridad y rastreo de antenas telefónicas, que permitieron reconstruir el trayecto de los sospechosos.

El móvil principal del crimen habría sido la presunta existencia de una suma de dinero en la casa de la víctima, motivado en parte por las deudas de Valentini, que superan los $4,5 millones. El caso ha generado gran preocupación en la comunidad, especialmente por la implicación de miembros y ex miembros de las fuerzas de seguridad. Vecinos y familiares han expresado su conmoción y exigieron justicia, mientras el fiscal Esperante continúa indagando a los detenidos por los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad. El desenlace de la causa podría tener implicaciones en la percepción de seguridad y confianza en las instituciones locales.