La Provincia denunció un “negociado” en la licitación de la Ruta 226 y pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo
• La Provincia de Buenos Aires denuncia irregularidades en la licitación de rutas nacionales. • Reclaman veedores para garantizar transparencia. • Acusan al Gobierno nacional de arbitrariedad y posible "negociado". #TransparenciaVial 🚧


El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, denunció este lunes presuntas irregularidades y falta de transparencia en el proceso de licitación nacional para la concesión de rutas clave, entre ellas la Ruta 226. La denuncia se formalizó mediante una presentación ante el Ministerio de Economía de la Nación, en la que se solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo nacional y provincial como veedores externos para garantizar la transparencia del proceso.
Según Katopodis, la empresa estatal bonaerense Aubasa, que se presentó como oferente para la concesión de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales, fue objetada a pesar de cumplir con todos los requisitos técnicos y de experiencia. El ministro señaló que una semana antes del cierre de la presentación de ofertas, el Gobierno nacional modificó 33 artículos del proceso licitatorio, lo que, según la Provincia, alteró las condiciones originales y generó un trato desigual entre los oferentes.
"El proceso está lejos de ser transparente e íntegro", afirmó Katopodis en conferencia de prensa, y advirtió que la eventual exclusión de Aubasa sería una decisión política y no técnica, comprometiendo la integridad de la licitación y la confianza de los inversores. Además, el funcionario cuestionó el modelo nacional de concesión, advirtiendo que podría derivar en peajes más caros y falta de obras, en contraste con la política provincial de reinvertir ingresos en infraestructura.
El conflicto se da en un contexto de tensión política entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno nacional de Javier Milei. La Provincia sostiene que la exclusión de Aubasa afectaría la calidad del servicio y la seguridad vial en corredores clave para la producción y el transporte. Hasta el momento, el gobierno nacional no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.
La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones, etapa II, lanzada en noviembre de 2025, y su desenlace podría tener implicancias significativas para la gestión de la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires.
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