El Gobierno argentino oficializó la inclusión de la Guardia Revolucionaria de Irán en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo, en una decisión que profundiza la tensión diplomática con Teherán y eleva el riesgo de ciberataques contra infraestructura crítica nacional. La medida, publicada el 6 de abril en el Boletín Oficial, fue adoptada tras informes reservados que vinculan a la organización iraní con los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, y se traduce en el congelamiento de activos y la imposición de restricciones financieras y operativas.

La reacción de Irán no se hizo esperar. A través de un comunicado difundido por su embajada en Uruguay, el régimen calificó la decisión argentina como una "ofensa imperdonable" y advirtió sobre consecuencias en las relaciones bilaterales y responsabilidades internacionales para el Estado argentino. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostuvo que la medida fue tomada bajo la influencia de Estados Unidos e Israel, en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente.

En paralelo, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) elevó el nivel de alerta ante posibles ciberataques, especialmente sobre sectores estratégicos como energía, salud y comunicaciones. El traslado del Comando Conjunto de Ciberdefensa y la obsolescencia de los sistemas tecnológicos incrementan la vulnerabilidad del país, según fuentes oficiales. "La capacidad de respuesta podría verse disminuida por la mudanza y la falta de actualización de software e infraestructura", advirtieron expertos consultados.

La decisión argentina fue celebrada por el Departamento de Estado de EE.UU., que destacó el alineamiento de la administración de Javier Milei con la política exterior de Washington y Tel Aviv. El presidente Milei, en recientes declaraciones, reafirmó su postura pro-Israel y calificó a Irán como "enemigo", lo que fue interpretado por analistas como un giro histórico en la política exterior argentina.

El impacto de la crisis se extiende al plano económico, con aumentos en los precios de los combustibles y medidas de congelamiento temporario para mitigar el efecto de la volatilidad internacional. Analistas advierten que la escalada diplomática y el riesgo de ciberataques podrían tener consecuencias de largo plazo para la seguridad y la economía nacional.